Por Lic. Lucio H. Mora H.

Ciudad de Panamá - República de Panamá. La Corte Suprema de Justicia de Panamá emitió ayer un fallo histórico, reafirmando que los profesionales liberales, no están obligados a pagar impuestos sobre el ejercicio de su profesión. Esta decisión se basa en la interpretación del segundo párrafo del artículo 40 de la Constitución Política de la República de Panamá.

El fallo responde a una demanda de inconstitucionalidad presentada por varios gremios de profesionales liberales, quienes argumentaron que las recientes reformas fiscales que pretendían gravar los ingresos de estos profesionales contravenían la Carta Magna del país. La Corte, en su sentencia, sostuvo que el artículo 40 de la Constitución establece una protección especial para las profesiones liberales, excluyéndolas de la obligación de tributar por los servicios que prestan de manera independiente, así como de la obligación legal de llevar facturación electrónica para cualquier efecto de cobro.

El segundo párrafo del artículo 40 establece que "las profesiones liberales, en cuanto al ejercicio individual y personal de las mismas, no estarán sujetas al pago de impuestos o tributos." Con base en esta disposición, la Corte concluyó que cualquier intento de gravar a los profesionales liberales violaría el principio de igualdad y la libre práctica profesional consagrada en la Constitución.

El fallo ha generado una ola de reacciones en el país. Mientras los gremios de profesionales liberales celebran la decisión como una victoria para la defensa de sus derechos, otros sectores han expresado su preocupación por el impacto que esta exoneración fiscal podría tener en las finanzas públicas.

El Ministerio de Economía y Finanzas ha anunciado que está estudiando las implicaciones del fallo y no descarta presentar una propuesta de reforma constitucional para eliminar lo que consideran un "privilegio injustificado" para estos profesionales. Por su parte, la Asamblea Nacional ha convocado a una serie de audiencias públicas para discutir el tema y evaluar posibles acciones legislativas.

Este fallo se convierte en un precedente clave para las demás profesiones liberales en Panamá, quienes podrían verse beneficiadas por la interpretación de la Corte, abriendo la puerta a futuras demandas y modificaciones en el régimen fiscal del país.

Lamentablemente, este es el resultado de una pésima interpretación legal por parte del gobierno anterior y de las autoridades fiscales en su momento, ya que ha hecho carrera en Panamá, por desconocimiento de la jerarquía de las leyes. Existen funcionarios en el ámbito administrativo que intentan legislar desde sus escritorios, emitiendo decretos o resoluciones administrativas que son abiertamente contrarias a las garantías constitucionales. Recordemos el estrambótico Contrato-Ley firmado para la Mina de Donoso y, tristemente, ninguno de los cientos de profesionales liberales en las instituciones públicas panameñas advierte los exabruptos que se pueden cometer cuando la ignorancia y la estulticia prevalecen.

Si es necesario reformar la Constitución para corregir, agregar o suprimir garantías y derechos ciudadanos, por supuesto que se haga, pero bajo las reglas que impone el imperio de las leyes y por los canales adecuados para tales fines. Esto no es un llamado a desobedecer las leyes o a buscar privilegios particulares solo en nuestro sector, sino un grito para evitar acciones incorrectas para cualquier ciudadano, incluidos los graduados en profesiones liberales.

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Ciudad de Panamá - Panamá __ América Latina se enfrenta a una creciente crisis de la democracia, caracterizada por el debilitamiento de las instituciones democráticas, el aumento de la corrupción y la erosión de los derechos humanos. En varios países de la región, los ciudadanos están perdiendo la confianza en sus líderes y en la capacidad del sistema para representar sus intereses.

En Brasil, la polarización política ha alcanzado niveles sin precedentes, mientras que en Venezuela, el gobierno autoritario de Nicolás Maduro sigue reprimiendo a la oposición y restringiendo las libertades civiles. En Nicaragua, Daniel Ortega ha consolidado su poder mediante la represión de manifestaciones y el encarcelamiento de opositores políticos. México no está exento de estos problemas, con altos índices de violencia y corrupción que socavan la confianza en el gobierno.

El informe de 2024 de Freedom House destaca que varios países de la región han experimentado retrocesos democráticos significativos en los últimos años. La falta de independencia judicial, la manipulación de los procesos electorales y la cooptación de los medios de comunicación son solo algunos de los síntomas de esta crisis.

Los ciudadanos, desilusionados y frustrados, han tomado las calles en protesta. Desde las manifestaciones en Chile contra la desigualdad social hasta las marchas en Colombia por la paz y la justicia, la región está viendo un resurgimiento del activismo ciudadano. Sin embargo, estas protestas a menudo se encuentran con respuestas violentas por parte de las fuerzas de seguridad, lo que agrava la situación y perpetúa el ciclo de desconfianza y represión.

Para situar un ejemplo las recientes elecciones en Venezuela han sido objeto de controversia y críticas tanto a nivel nacional como internacional. El régimen de Nicolás Maduro ha sido acusado de manipular el proceso electoral para mantener su poder, socavando así la confianza en el sistema democrático del país.

En las elecciones, se reportaron múltiples irregularidades, incluyendo la falta de transparencia, la coacción de votantes, y la exclusión de candidatos de la oposición. Observadores independientes y organismos internacionales, como la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA), han expresado serias preocupaciones sobre la legitimidad de estos comicios. Estas entidades han destacado que las condiciones no fueron justas ni libres, y que el entorno electoral estuvo marcado por un clima de intimidación y represión.

Los ataques del régimen de Maduro contra la oposición han sido sistemáticos y brutales. Líderes opositores han sido encarcelados, exiliados o inhabilitados políticamente. Además, los medios de comunicación independientes han sido silenciados, y las manifestaciones pacíficas han sido reprimidas violentamente por las fuerzas de seguridad del Estado. Este patrón de represión y control ha creado un ambiente de miedo e incertidumbre entre los ciudadanos venezolanos.

El resultado de estas elecciones y las tácticas empleadas por el régimen de Maduro no solo profundizan la crisis política y económica en Venezuela, sino que también agravan la situación humanitaria. Millones de venezolanos han huido del país en busca de mejores condiciones de vida, lo que ha generado una crisis migratoria en la región.

La comunidad internacional ha expresado su preocupación por el deterioro de la democracia en América Latina. Organizaciones como la OEA y la ONU han llamado a los gobiernos de la región a respetar los principios democráticos y a garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos. No obstante, la respuesta de los líderes regionales ha sido variada y, en muchos casos, insuficiente.

En conclusión, América Latina se enfrenta a una encrucijada democrática. La necesidad de reformas profundas y el fortalecimiento de las instituciones es urgente para revertir esta tendencia negativa. La participación activa de la sociedad civil y el compromiso de los líderes políticos con los valores democráticos son esenciales para asegurar un futuro más justo y democrático para todos los ciudadanos de la región.

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Ciudad de Panamá - Panamá __ En el siglo XXI, el papel del jurista ha evolucionado significativamente en respuesta a los rápidos cambios sociales, tecnológicos y económicos. Ya no se trata solo de interpretar y aplicar la ley; los juristas modernos deben ser multifacéticos, adaptables y profundamente conscientes de los desafíos globales.

Adaptación a la Tecnología: La revolución digital ha transformado todos los aspectos de la vida, incluido el campo legal. Los juristas del siglo XXI deben estar bien versados en tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la blockchain y la ciberseguridad. Estas herramientas no solo afectan la práctica legal diaria, sino que también presentan nuevos dilemas éticos y legales que los juristas deben abordar.

Globalización y Derecho Internacional: La globalización ha estrechado los lazos entre las naciones, creando un entorno donde el derecho internacional y el derecho comparado son cada vez más relevantes. Los juristas modernos deben tener una comprensión profunda de las normativas internacionales y cómo interactúan con las leyes nacionales. Además, deben estar preparados para resolver disputas transnacionales y asesorar en asuntos de comercio global, derechos humanos y medio ambiente.

Derechos Humanos y Justicia Social: La lucha por los derechos humanos y la justicia social sigue siendo una prioridad. Los juristas del siglo XXI juegan un papel crucial en la defensa de los derechos de los grupos vulnerables, la promoción de la igualdad de género, y la lucha contra la discriminación racial y étnica. Su labor es vital para garantizar que las leyes evolucionen de manera justa y equitativa, reflejando los valores y necesidades de una sociedad diversa.

Ética y Responsabilidad Profesional: En un mundo donde la información es abundante y la desinformación se propaga rápidamente, los juristas deben mantener altos estándares de ética y responsabilidad profesional. Esto incluye la honestidad, la integridad y el compromiso con la justicia. Además, deben ser defensores de la transparencia y la rendición de cuentas tanto en el sector público como en el privado.

Educación y Formación Continua: El conocimiento jurídico ya no es estático. Los juristas deben comprometerse con la educación y la formación continua para mantenerse al día con los cambios legislativos, las nuevas jurisprudencias y las innovaciones en la práctica legal. Las habilidades de análisis crítico, resolución de problemas y comunicación efectiva son esenciales para enfrentar los retos del siglo XXI.

En resumen, el jurista del siglo XXI es un profesional dinámico y versátil, que combina conocimientos técnicos con una profunda comprensión de las cuestiones éticas y sociales. Su papel es fundamental para la construcción de sociedades más justas y equitativas, y para la promoción de un estado de derecho que responda a las necesidades de una era global e interconectada.

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Ciudad de Panamá - Panamá __ La inteligencia artificial (IA) avanza a un ritmo irrefrenable, transformando diversos sectores, incluida la ciencia del derecho. Esta tecnología emergente está remodelando cómo se practica, se administra y se entiende el derecho en el siglo XXI, ofreciendo tanto oportunidades como desafíos sin precedentes.

Automatización de Tareas Legales: Uno de los impactos más inmediatos de la IA en el campo legal es la automatización de tareas rutinarias y repetitivas. Los sistemas de IA pueden realizar revisiones documentales, análisis de contratos y búsquedas de precedentes legales a velocidades y precisiones inalcanzables para los humanos. Esto no solo ahorra tiempo y reduce costos, sino que también permite a los juristas enfocarse en trabajos más complejos y estratégicos.

Análisis Predictivo: La capacidad de la IA para analizar grandes volúmenes de datos y reconocer patrones ha llevado al desarrollo de herramientas de análisis predictivo. Estas herramientas pueden predecir resultados de litigios, identificar tendencias en decisiones judiciales y ayudar a los abogados a formular estrategias legales más efectivas. El análisis predictivo también puede ser utilizado por las cortes para gestionar mejor sus cargas de trabajo y mejorar la eficiencia del sistema judicial.

Acceso a la Justicia: La IA tiene el potencial de democratizar el acceso a la justicia. Aplicaciones de asesoramiento legal basadas en IA, como chatbots y asistentes virtuales, pueden proporcionar orientación legal básica a personas que no pueden permitirse contratar a un abogado. Esto es particularmente relevante en contextos donde el acceso a la justicia es limitado por razones económicas o geográficas.

Ética y Responsabilidad: Sin embargo, la integración de la IA en el derecho también plantea importantes cuestiones éticas y de responsabilidad. La transparencia de los algoritmos, el sesgo en los datos utilizados para entrenar a los sistemas de IA, y la rendición de cuentas en caso de errores o decisiones erróneas son áreas de preocupación. Es crucial que los desarrolladores y usuarios de IA en el campo legal trabajen juntos para establecer marcos éticos y normativos que guíen su uso responsable.

Formación y Adaptación Profesional: La irrupción de la IA en el derecho exige una adaptación constante por parte de los profesionales del sector. Los abogados y jueces necesitan adquirir nuevas habilidades para interactuar eficazmente con estas tecnologías. Las facultades de derecho están empezando a incluir en sus currículos materias relacionadas con la tecnología y la IA, preparando a la próxima generación de juristas para un entorno laboral en constante evolución.

Transformación de Procesos Judiciales: En muchos lugares, la IA está empezando a influir en la administración de justicia. Desde la gestión de casos hasta la emisión de sentencias, los sistemas de IA están siendo utilizados para mejorar la eficiencia y reducir el tiempo de resolución de los casos. Aunque esta transformación ofrece numerosos beneficios, también requiere una supervisión cuidadosa para garantizar que se respeten los derechos de todas las partes involucradas.

En conclusión, la inteligencia artificial está cambiando profundamente la ciencia del derecho, ofreciendo herramientas poderosas que pueden mejorar la eficiencia, la precisión y el acceso a la justicia. Sin embargo, es esencial abordar los desafíos éticos y garantizar una formación adecuada para que los juristas puedan navegar este nuevo panorama tecnológico de manera efectiva y responsable. La IA no solo es una herramienta, sino una fuerza transformadora que redefinirá el futuro del derecho.

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Ciudad de Panamá - Panamá __ El estado de derecho, uno de los pilares fundamentales de las democracias occidentales, está bajo amenaza por una serie de factores que están erosionando su integridad y eficacia. Desde la polarización política hasta la influencia de la tecnología, los países occidentales deben enfrentar y abordar estos riesgos para preservar la justicia y la equidad en sus sociedades.

Polarización Política: En muchas naciones occidentales, la polarización política ha alcanzado niveles sin precedentes. Esta división puede socavar el estado de derecho al politizar el sistema judicial y erosionar la confianza pública en las instituciones. Cuando los ciudadanos perciben que las leyes se aplican de manera desigual o que los tribunales están influenciados por intereses partidistas, la legitimidad del estado de derecho se ve comprometida.

Corrupción y Abuso de Poder: La corrupción y el abuso de poder siguen siendo amenazas persistentes. Funcionarios corruptos y prácticas deshonestas minan la confianza en el sistema legal y judicial. La impunidad para aquellos en el poder puede fomentar una cultura de corrupción que es difícil de erradicar. Para que el estado de derecho prospere, es esencial que las leyes se apliquen de manera uniforme y que haya mecanismos eficaces para responsabilizar a los infractores, independientemente de su estatus o posición.

Desinformación y Medios de Comunicación: La desinformación y la manipulación mediática representan un desafío significativo. La propagación de noticias falsas y teorías de conspiración puede distorsionar la percepción pública de la justicia y el estado de derecho. Los medios de comunicación juegan un papel crucial en informar al público y mantener la transparencia, pero cuando se ven comprometidos por intereses políticos o económicos, la verdad y la justicia se ven perjudicadas.

Amenazas a la Independencia Judicial: La independencia judicial es fundamental para el estado de derecho, pero está siendo amenazada en varios países occidentales. Los intentos de los gobiernos de influir en las decisiones judiciales, ya sea mediante la intimidación o la reforma judicial, pueden debilitar la capacidad de los tribunales para actuar imparcialmente. La presión política sobre el poder judicial socava la separación de poderes, un principio esencial de las democracias occidentales.

Impacto de la Tecnología: La tecnología, aunque ofrece numerosos beneficios, también plantea riesgos. La vigilancia masiva, el uso indebido de datos personales y la inteligencia artificial en el sistema judicial pueden infringir los derechos de privacidad y justicia. La falta de regulación y supervisión adecuada puede llevar a abusos y discriminación algorítmica. Es crucial establecer marcos legales que protejan los derechos de los ciudadanos en la era digital.

Crisis de Derechos Humanos: Las crisis de derechos humanos, exacerbadas por conflictos, migración y discriminación, ponen a prueba la capacidad de los estados para mantener el estado de derecho. Las políticas restrictivas y las medidas de seguridad a menudo se implementan a expensas de los derechos humanos básicos, creando un entorno donde la ley se convierte en una herramienta de represión en lugar de protección.

Desigualdad Económica: La creciente desigualdad económica también afecta al estado de derecho. Las disparidades en el acceso a la justicia pueden dejar a los sectores más vulnerables de la sociedad sin representación adecuada y sin medios para defender sus derechos. La justicia debe ser accesible para todos, independientemente de su situación económica.

En conclusión, el estado de derecho en Occidente enfrenta múltiples amenazas que requieren una atención y acción concertada. Es esencial fortalecer las instituciones democráticas, garantizar la independencia judicial, combatir la corrupción y proteger los derechos humanos. Solo a través de un compromiso renovado con los principios del estado de derecho se puede asegurar una sociedad justa y equitativa para todos.

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Ciudad de Panamá - Panamá __ En Panamá, la urgente necesidad de una constituyente originaria se ha vuelto cada vez más evidente. La actual estructura del Estado presenta serias deficiencias que impiden el desarrollo de una verdadera democracia, donde la figura central del Ejecutivo domina y la división de poderes se ha convertido en una ilusión.

¿Por qué necesitamos una constituyente originaria?

• Rediseño de la Estructura del Estado: La constitución actual, con sus múltiples reformas, ha mostrado ser inadecuada para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Un nuevo marco constitucional permitiría rediseñar la estructura del Estado, estableciendo bases más sólidas y justas para el desarrollo del país.

• Corrección de Fallas Sistémicas: El sistema actual ha permitido la concentración de poder en el Ejecutivo, debilitando así los mecanismos de control y balance que son esenciales en una democracia. Una nueva constitución podría establecer un sistema de gobierno más equilibrado, donde el poder se distribuya equitativamente entre los distintos órganos del Estado.

• Fortalecimiento de la División de Poderes: Es fundamental asegurar una verdadera independencia de los poderes del Estado. El Legislativo y el Judicial deben tener autonomía real para ejercer sus funciones sin interferencias del Ejecutivo. Esto es crucial para la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.

• Participación Ciudadana: Una constituyente originaria permitiría un proceso participativo donde la ciudadanía tenga un rol activo en la definición de las nuevas normas y principios que regirán el país. Esto fomentaría un sentido de pertenencia y compromiso con el sistema democrático.

• Modernización y Adaptación: Panamá necesita un marco legal que esté a la altura de los retos contemporáneos, como la globalización, el cambio climático, una mejora dramática del sistema educativo, y los avances tecnológicos. Una nueva constitución puede incorporar estos temas de manera adecuada, garantizando un desarrollo sostenible y equitativo.

Conclusión

La constituyente originaria no es solo una opción, es una necesidad para corregir las evidentes fallas del actual sistema panameño. Es hora de que Panamá se comprometa con un cambio profundo y significativo, estableciendo un Estado más justo, equilibrado y democrático. La participación activa de todos los sectores de la sociedad en este proceso será clave para construir un futuro mejor para las generaciones venideras.